Texto presentado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, con motivo de haber recibido el Premio Edwin Haramoto
que otorga el Instituto de la Vivienda (INVI).
En 1848, Marx y Engels publicaron por primera vez el Manifiesto Comunista, documento que comienza con la siguiente frase: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”
Este año, un nuevo fantasma se cierne -no solo sobre Europa- sino que sobre todo el planeta: la indignación.
El fenómeno se inició en la Puerta del Sol de Madrid el 15 de Mayo, cuando miles de jóvenes españoles empujados a la cesantía, decidieron acampar en el lugar bajo el lema: Democracia real YA! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros.
La iniciativa prendió rápidamente en otras ciudades españolas, cuyas plazas fueron ocupadas por jóvenes expresando su indignación frente a los poderes establecidos, que ignoran la voluntad de las grandes mayorías.
Casi simultáneamente, se iniciaron en Chile movilizaciones estudiantiles en demanda de una educación gratuita y de calidad para todos, sorprendiendo por su capacidad para congregar grandes multitudes, copando las anchas Alamedas de todo el país en sucesivas convocatorias.
Las manifestaciones se han prolongado en Chile por casi seis meses, transformándose en un movimiento social que excede el ámbito estudiantil, exigiendo cambios estructurales profundos. A los estudiantes se suman millones de chilenos agobiados por las estafas que cometen las multitiendas, los ambientalistas que rechazan proyectos hidroeléctricos depredadores del medioambiente; los pueblos originarios discriminados; los ciudadanos comunes indignados por las escandalosas utilidades de la banca y de las Isapres, así como decenas de miles de damnificados del último terremoto, exasperados por la inexistencia de planes de reconstrucción.
Diez días atrás, el 15 de Octubre, hubo manifestaciones en más de un millar de ciudades de 82 países bajo el lema Unidos para un cambio global. Las protestas llegaron hasta el corazón mismo del imperio capitalista: Wall Street.
Los detonantes que motivan esta agitación global varían conforme a la realidad de cada país, pero está claro que apuntan al término del modelo neoliberal.
Se trata de acabar con el sistema denominado por Naomi Klein como el capitalismo del desastre, sustituyéndolo por una democracia capaz de garantizar el acceso de los derechos fundamentales a todos los ciudadanos del planeta.
Para nosotros, profesionales insertos en la actividad de la Construcción, este clamor se resume en dos aspiraciones inalienables: recuperar el derecho a la ciudad y el derecho a una vivienda digna para todos.
Demolición de las políticas de vivienda y desarrollo urbano.
La dictadura introdujo cambios trascendentales en las políticas de desarrollo urbano y de vivienda existentes en Chile desde los albores del Siglo XX hasta el golpe militar en Septiembre de 1973.
Anteriormente, el sistema de producción de viviendas y obras públicas consistía en una fórmula mixta con funciones claramente delimitadas para el sector público, encargado de planificar, financiar y fiscalizar la realización de las obras y el sector privado a cargo de su ejecución. Conforme a las políticas impulsadas por los Chicago Boys, se planificó el desmantelamiento del aparato estatal, entregando al sector privado la totalidad de las responsabilidades en estas materias.
Un personaje fundamental en estos cambios fue el economista norteamericano Arnold Harberger, quién viajó a Chile repetidas veces con posterioridad al golpe militar. Invitado en calidad de asesor del MINVU manifestó lo siguiente el año 1978:
“Yo no soy tan libre mercadista como para pensar que es mejor tener una ciudad sin zonificación que con zonificación. Pero puede haber una planificación tan mala, que sería mejor no tener ninguna”.
Según Harberger: el planificador urbano es como el cocinero de un restaurante que debe complacer a sus clientes y preparar los platos que le apetecen. Son los clientes quienes deben mandar en el restaurante y son los ciudadanos quienes deben mandar en la ciudad.
El MINVU acogió en plenitud estos postulados. El arquitecto Marco Antonio López, jefe del Desarrollo Urbano en esa época declaró enfáticamente:
“En el crecimiento de las ciudades opera la economía y no los sentimientos” .
Así fue como se incorporaron los principios de liberalización y desregulación del suelo urbano en las modificaciones al Plano Regulador Intercomunal de Santiago, sancionadas por el Decreto Supremo 420 de 1979, que derogó los límites urbanos establecidos para el Gran Santiago.
Recogiendo la preocupación expresada por los planificadores urbanos respecto a esta medida, la revista AUCA propició en 1979 un Foro con la participación de diez destacados profesionales, entre los cuales se encontraba Marco Antonio López quién manifestó lo siguiente:
“ ….a pesar de que el Estado ha actuado en forma más o menos rígida en un proceso de intervención estatal permanente, el crecimiento ha continuado existiendo. Con límite urbano, con planos reguladores, con planes intercomunales, el crecimiento ha sido constante”.
Más adelante López agregó lo siguiente:
“Aunque como planificadores no lo aceptemos, han sido siempre los corredores de propiedades, los industriales. las personas de mayor riqueza, las que van decidiendo realmente. El Golf se hizo por decisión de un grupo de personas que querían vivir ahí, y no porque los planificadores pensaran que era un área que debía desarrollarse”.
Consciente del impacto negativo originado por estas políticas, Taller Norte propició en 1988 una publicación titulada Reseña de la Vivienda Social en Chile. Se trata de un trabajo colectivo donde participaron, entre otros, Víctor Basauri, María Bertrand, Alberto Gurovich, Edwin Haramoto, Joan Mac Donald, Monserrat Palmer.
“Fue un acto de oposición política y técnica a las propuestas neoliberales ya afianzadas en Chile en aquel entonces. Es un trabajo de gran riqueza que ilustra desde perspectivas institucionales, arquitectónicas y urbanas, las distintas facetas de gestión y materialización de la vivienda propias de un modelo de participación directa del Estado en la producción habitacional, vinculado al Estado de Bienestar, que fue borrado del mapa chileno con el golpe militar de 1973”.
El mecanismo operativo empleado por el MINVU para llevar a cabo su política de vivienda es el Subsidio Habitacional, instrumento de carácter individual, entregado a la persona que acredite ser padre de familia, no ser propietario de otra vivienda y estar registrado en las fichas de protección social.
Se trata de un mecanismo financiero carente de toda connotación social y urbana. Dificulta las modalidades de postulación colectiva, desestimando el impulso solidario a la solución de las demandas y hace imposible la participación del postulante al imponerle una determinada solución, prescindiendo de sus posibles aportes
En la fórmula del subsidio, más que el otorgamiento de un beneficio al postulante, lo que se buscó es proporcionarle un incentivo atractivo a la oferta.
Impactos generados por los cambios en el sector de la Construcción.
Los cambios introducidos por la dictadura en materia de políticas de vivienda y desarrollo urbano se mantuvieron en lo fundamental durante los gobiernos de la Concertación.
Transcurridos casi 40 años de vigencia de los postulados neoliberales, nuestras ciudades son un fiel reflejo de las profundas transformaciones económico-sociales impuestas en Chile, generadoras de un indigno nivel de desigualdad social.
Por una parte, se ha establecido un sector minoritario de la población residiendo en condominios exclusivos, protegidos mediante sofisticados mecanismos de seguridad, con acceso a elegantes clínicas de salud y establecimientos educacionales, refinados centros comerciales, clubes sociales, discotecas, gimnasios y generosas áreas verdes.
No es fácil encontrar en América Latina, desarrollos inmobiliarios de un lujo tan refinado, como los que hoy existen en La Dehesa.
En contraste, millones de compatriotas hacinados en asentamientos urbanos con muy alta densidad, desprovistos de áreas verdes y espacios comunes, respirando un aire contaminado, angustiados por su seguridad personal y por el narcotráfico.
En Santiago, este proceso se precipitó a partir de las erradicaciones de campamentos que significaron en el lapso de cinco años: 1979-1984, el traslado forzoso de 28.000 familias, desde las comunas de Las Condes, Vitacura y Santiago hacia la periferia sur y poniente de la capital. Unos 150.000 santiaguinos fueron desarraigados de sus raíces: transplantados en una operación brutal, destinada a revalorizar el suelo de los barrios acomodados, generando en la capital auténticos bolsones de miseria.
Las políticas públicas de vivienda acentuaron este proceso de segregación, al focalizarse en las mismas áreas destinadas a las erradicaciones. La comuna de La Pintana, por ejemplo, experimentó un crecimiento del 130% en el período intercensal 1982-1992. ( ). El Minvu levantó 5.000 viviendas en dicha comuna, sin reservar un solo terreno para servicios de infraestructura social.
Entre 1980 y 2000, se construyeron en el Gran Santiago unas 200.000 viviendas sociales, que comprenden un universo de un millón de personas -es decir- un 20% del total de los habitantes de la capital, alojadas en unidades habitacionales de muy bajo estándar, como quedó en evidencia a raíz de los temporales de 1997, que pusieron al descubierto la precariedad de las terminaciones y su vulnerabilidad estructural, pasando a ser más conocidas como las casas Nylon. Se trata de viviendas entre 25 y 40 m2, dispuestas mayoritariamente en bloques de 3 pisos por lo cual carecen de la posibilidad de expansión, a lo cual debe añadirse la ausencia casi absoluta de espacios públicos y de equipamiento social.
Bajo un punto de vista cuantitativo y financiero, el esfuerzo habitacional realizado por el Minvu en los años de la Concertación representa un éxito, pero ha significado una inmensa frustración para sus supuestos beneficiarios, hacinados en viviendas minúsculas, y en un entorno llamado villa eufemísticamente, pero deficitario de los mínimos servicios que debe proporcionar la ciudad.
Para estos compatriotas, el sueño de la casa propia se transformó en una enorme decepción, y peor aún, experimentan la vergüenza de residir en zonas estigmatizadas por el resto de la sociedad. Admitir su residencia en Puente Alto o en La Pintana, significa hoy día estar expuesto al rechazo de cualquier solicitud de empleo.
Aquí cabe recordar la cita de Harberger afirmando que son los ciudadanos quienes deciden el lugar donde aspiran a residir, tal como sucede en un restaurante, donde los clientes son quienes eligen los platos que desean consumir.
¿Alguien le consultó a los miles de santiaguinos erradicados forzosamente si preferían vivir en Las Condes o en La Pintana?
Análoga situación sufrieron las familias desalojadas con violencia de la Villa San Luis en Las Condes inmediatamente después del golpe militar. Para ellos, la libertad de elegir fue una mofa.
Los clientes con capacidad de decidir en materia de vivienda son un grupo reducido de la población. La gran mayoría, requiere de políticas públicas que les garanticen el acceso a un lugar digno donde residir.
Para nosotros, profesionales formados en las disciplinas del ordenamiento físico, resulta doloroso admitir que el derecho a la ciudad esté vedado para un número tan alto de los chilenos. Es cierto que históricamente las clases sociales dominantes se apropiaron de las mejores localizaciones y servicios, pero siempre observando algún grado de integración del resto de la población. El actual modelo económico, ha intensificado los niveles de marginación y de segregación social de millones de nuestros compatriotas.
En la Nueva Política Habitación formulada por el MINVU a comienzos del gobierno de Michelle Bachellet, se tuvo presente la imposibilidad de los sectores de bajos ingresos para acceder a localizaciones mejores debido al alto valor del suelo, y se acordó la creación de un subsidio a la localización, que no cambió sustancialmente el cuadro anteriormente descrito. En 2008, su Ministra de Vivienda y Urbanismo presentó ante el Consejo Regional de Santiago una propuesta de modificación del Plano Regulador Metropolitano de Santiago de 1994, en donde señaló lo siguiente:
“Santiago, es definitivamente una ciudad segregada. Mientras algunos viven en una ciudad del primer mundo, y gozan de todos los beneficios del desarrollo, otros siguen viviendo en el tercer mundo, con todas las consecuencias que ello tiene para la sustentabilidad del desarrollo y la democracia. Un entorno homogéneo de pobreza restringe las oportunidades y mata la esperanza de surgir. Esta segregación se traduce además, en acceso desigual a bienes y servicios públicos, que impactan directamente en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo de las personas.” ( )
A pesar de esta elocuente declaración de la máxima autoridad en políticas de desarrollo urbano, el subsidio de localización no modificó la conducta de las empresas constructoras involucradas en esta actividad, que continuaron planificando en las periferias urbanas los conjuntos habitacionales destinados a vivienda social. Por último, el gobierno de Piñera suprimió dicho subsidio.
Este año, el 31 de Marzo de 2011, el Consejo Regional Metropolitano aprobó por mayoría de votos, la ampliación en 10.000 hectáreas del área urbana del gran Santiago, contraviniendo el rechazo manifestado por el Colegio de Arquitectos de Chile y por numerosas organizaciones ciudadanas y ambientales, que hicieron presente el impacto negativo de tal acuerdo, teniendo presente la existencia de vastas zonas eriazas o susceptibles de ser renovadas disponibles dentro del área urbana.
Los intereses de la Cámara Chilena de la Construcción y del capital financiero dedicado a la actividad inmobiliaria, pesaron más que los fundamentos técnicos o sociales
Afortunadamente, la contraloría rechazó recientemente tal acuerdo, pero está claro que sus promotores no cejarán en los esfuerzos por reponer la extensión del área urbana, donde –dicho sea de paso- ya han adquirido gran parte de los terrenos. Es nuestro deber hacer lo imposible por evitar que se consume esta acción, cuya única finalidad es asegurarle a los grandes grupos inmobiliarios los terrenos necesarios para proseguir con sus lucrativas operaciones inmobiliarias.
¿QUÉ HACER?
1.- No al lucro con la vivienda social
Las movilizaciones estudiantiles lograron posicionar en un primer plano la consigna NO al lucro en la educación. Últimas encuestas de opinión pública confirman que un 80% de la población adhiere a esta demanda.
Ha llegado el momento de lanzar una campaña análoga en materia de políticas públicas de vivienda. Sobran los argumentos como para hacer conciencia nacional respecto a la necesidad de poner fin al lucro con la vivienda social.
El sector está dominado por un puñado de grandes empresas constructoras coludidas con la banca. Es el capital financiero que ha desplazado a los pequeños y medianos constructores, predominantes antaño en la construcción habitacional.
La estructura operativa del sector fue construida expresamente para que esto ocurriera. Como es sabido, el subsidio solo puede materializarse contra la entrega de los certificados de recepción final de una vivienda. Eso implica que quién construye debe disponer del capital necesario para financiar totalmente las obras hasta lograr la recuperación de lo invertido, situación que obviamente excluye a quienes carecen del todo o disponen de escasos recursos financieros.
Los grandes empresarios, en cambio, cargan en los presupuestos un item elegantemente llamado gastos financieros, que suele exceder en un 50% el valor total de la vivienda. Sectores cercanos a la Cámara Chilena de la Construcción admiten que la rentabilidad de los grandes operadores de la vivienda social oscila entre un 40 a un 50%, lo que la transforma en una actividad aún más lucrativa que la gran minería del cobre.
Otras exigencias como las boletas de garantía bancaria, terminan por hacer imposible la participación de actores ajenos al círculo de privilegiados que cumplen sin problema con dicho requerimiento. Es una trampa tendida por los grandes, para eliminar a los chicos.
Los procedimientos empleados por estos colosos de la construcción son nefastos. Adquieren los terrenos y exigen a los proyectistas el máximo de su aprovechamiento, con altas densidades y un mínimo de espacios libres.
Explotan a arquitectos y demás asesores con remuneraciones que hoy día no están reguladas. Lo mismo ocurre con los ingenieros calculistas, llevándolos al límite de las normas de seguridad exigidas en esta materia. Negocian con los proveedores los precios de cada uno de los materiales de construcción, a sabiendas que el volumen de las adquisiciones los hará disminuir los precios a fin de ganar las propuestas.
Las consideraciones urbanas o sociales son desconocidas por el capital financiero. Ha sido así históricamente aquí y en la quebrada del ají y sus consecuencias negativas están a la vista.
Debemos recuperar para el sector público, -sea estatal o municipal- la planificación y administración de las políticas públicas en materia de vivienda y desarrollo urbano, prescindiendo de la participación de las grandes empresas, que deberán limitarse a atender las demandas de los sectores que no requieren el apoyo del estado.
De esta manera, estaremos cumpliendo con la consigna que reiteradamente repite el actual Presidente de la República: no financiemos a los ricos con la plata de todos los chilenos.
Las Sociedades Mixtas con los SERVIU:
Para llevar a cabo una política orientada a entregar una vivienda social y un entorno urbano dignos, es necesario disponer de una agencia ejecutiva descentralizada, sin fines de lucro, a cargo de todo el ciclo recorrido en la ejecución de un proyecto, desde la adquisición de los terrenos hasta la recepción de las obras.. Todo esto, con la más amplia participación de la comunidad y de las autoridades locales.
Esta agencia debe contar con atribuciones para coordinar los proyectos del resto de los servicios públicos involucrados, y también debe visar las inversiones privadas locales, en materias de desarrollo urbano
Organismos de este tipo funcionaron exitosamente en la institucionalidad anterior a la dictadura. Me refiero a las sociedades mixtas establecidas entre la Cormu (Corporación de Mejoramiento Urbano), y algunos municipios, que se constituyeron en calidad de sociedades colectivas civiles de responsabilidad limitada, sin fines de lucro.
La Ley Orgánica que creó la Cormu en 1965, la facultó para “colaborar y asociarse con las municipalidades y con las empresas privadas en la realización de proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano; otorgar créditos para este fin, supervigilar y fiscalizar su realización y fijar, dentro de las áreas urbanas, los límites de las zonas de mejoramiento urbano y procurar su ordenamiento y desarrollo. ( )
Durante la administración del presidente Frei Montalva, se creó la Vicormu, sociedad mixta formada por Cormu y la Municipalidad de Viña del Mar. En Valparaíso nació otra similar con el nombre de Cormuval.
En el gobierno de Allende sociedades mixtas análogas se multiplicaron a lo largo del país, todas ellas con resultados exitosos en materias de desarrollo urbano.
Al crearse los SERVIU, éstos asumieron las responsabilidades y las atribuciones que descansaban anteriormente en las cuatro corporaciones del MINVU, es decir: Corvi, Cou, Corhabit y Cormu. He confirmado con abogados que se encuentran vigentes las facultades legales facultando a los SERVIU para constituir Sociedades Mixtas con los Municipios, por lo cual podrían entrar en funciones de inmediato, sin requerir una nueva legislación.
Los subsidios otorgados por el MINVU, no debieran entregarse directamente a cada beneficiario, sino que depositarlos en estas Sociedades Mixtas, para su gestión colectiva en cada una de las localidades donde se constituyan.
Estos organismos deben asumir la responsabilidad de definir las líneas generales que ordenarán el desarrollo urbano de las áreas comprendidas en su jurisdicción asegurando el óptimo uso del suelo; podrán proponer las modificaciones a la vialidad existente; ratificar la localización de los equipamientos comerciales, de salud, educación y esparcimiento, o modificarla si es recomendable.
Además, deben encargarse de la ejecución y fiscalización de los proyectos individuales o colectivos de vivienda, en conformidad con las aspiraciones de cada postulante, ya sea de permanecer en su sitio, o de mudarse a otra ubicación.
2.- Acabar con la especulación del suelo urbano.
El Estado debe estar capacitado para adquirir en áreas urbanas centrales, los terrenos requeridos por las políticas públicas de vivienda y de desarrollo urbano. De otro modo continuará intensificándose el proceso te segregación.
Para ello es indispensable modificar las actuales disposiciones constitucionales establecidas por Pinochet en 1980, que hacen virtualmente imposible la expropiación de un terreno.
Chile debe ser el único país en el mundo que se haya automutilado de un instrumento tan vital en la planificación física, aunque lo exija la urgencia y el interés público.
Mientras estuvieron vigentes las disposiciones que estableció la Ley Orgánica de CORMU, el MINVU pudo implementar ambiciosos programas de remodelación orientados a sectores medios y bajos, .en áreas centrales de las principales ciudades del país,
Mencionemos en Santiago las Remodelaciones San Borja, Mapocho Bulnes, Tupac Amaru ex polígono de tiro y Plaza Chacabuco. Remodelación Santa Mónica en Conchalí,. La Puntilla en Iquique; Soquim en Antofagasta, Baldomero Lillo en Lota, o Hermanos Peredo en Concepción.
Ninguno de los terrenos donde se levantaron estas obras, fue adquirido mediante el despojo, sino que a través de adquisiciones convenidas de común acuerdo con sus propietarios, mecanismo que aseguró un precio razonable para ambas partes y que hizo asequible el asentamientos en áreas centrales a sectores de ingresos bajos o medios.
Días atrás, a raíz del increíble episodio clasista suscitado con motivo de la programación de un partido de fútbol en el Estadio de la Universidad Católica ubicado en San Carlos de Apoquindo, El Mercurio publicó una crónica titulada “La historia no contada del predio que la Católica compró en 1971”.
En un párrafo de dicho artículo se señala lo siguiente:
“Germán Becker Ureta, socio ilustre de la UC y uno de los motores de aquella iniciativa relata que la campaña se realizó en las calles, en shows televisivos y el comercio nos apoyó con muy buenos premios. Al final se pudo comprar el predio a muy buen precio, porque estábamos en tiempos de la Unidad Popular y los dueños de tierras tenían miedo a perderlas”
La nota es elocuente de la atmósfera prevaleciente en la época, que había logrado equilibrar los valores del suelo urbano.
En Santiago, la zona al sur de Avenida Matta entre Vicuña Mackenna y el Parque O’Higgins, es un territorio excelente para realizar programas de remodelación de vasto alcance, así como algunas áreas en Recoleta-Independencia o la Quinta Normal. Es un potencial apto para el asentamiento de miles de familias de sectores bajos y medios en programas de desarrollo urbano socialmente integrados, siempre que el valor del suelo no los excluya de esas áreas.
Reitero un llamado a hacer conciencia respecto a la necesidad de acabar con las disposiciones constitucionales que ponen el derecho de propiedad por encima de los intereses de la comunidad. Toda propuesta técnica que no haga presente este obstáculo, quedará sepultada en el desván de las buenas intenciones.
3.- Recuperación del parque habitacional deteriorado.
Es urgente y necesario elevar la calidad de los conjuntos de vivienda social levantados en la periferia del Gran Santiago durante los últimos 30 años. No podemos permitir que se intensifique su proceso de tugurización.
Una investigación aún en curso, a cargo del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ha hecho un análisis del fenómeno de la criminalidad y la violencia, instalado en determinados barrios urbanos de las grandes ciudades y confirma que entre los habitantes de dichos conjuntos habitacionales se observa desapego a las normas por parte de sus habitantes y leyes propias que se adoptan como permanentes. La inseguridad y la percepción de la violencia que los afecta es extremadamente alta y la mayoría se siente defraudada de haber materializado allí el sueño de la casa propia.
A comienzos del mandato de Michelle Bachelet, la Ministra de la Vivienda Patricia Poblete señaló este grave problema, rectificando el discurso triunfalista de las autoridades anteriores que elogiaron sistemáticamente las políticas de vivienda social desarrolladas en Chile, exhibiéndolas como un modelo para América Latina.
La Ministra expresó su voluntad de “recuperar esas grandes poblaciones construidas a partir de los años ochenta, en barrios que sean realmente manejables y habitables, y que los que allí residen, sientan que han dado un salto desde la sensación de pobreza casi absoluta y marginalidad, al progreso que tanto se publicita en los medios de comunicación.”
Desafortunadamente estas buenas intenciones no se materializaron en obras y la periferia de las grandes metrópolis chilenas continúa incrementando su deterioro físico y social, como lo ratifican las investigaciones publicadas en un libro que editaron los colegas Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyez, titulado muy certeramente “Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social”
No podemos demoler un parque habitacional tan vasto y tampoco podemos aceptar que prosiga su degradación. Es urgente la aplicación de una cirugía mayor para salvarlo
El MINVU debe incorporar como prioritaria, la línea de acción de mejoramiento de barrios en deterioro, asignándole presupuestos compatibles con la magnitud del problema. Es necesario elevar el estándar de las unidades habitacionales, a través del mejoramiento de baños y cocinas, así como reforzando su aislación térmica También debiera examinarse la factibilidad de ampliar las superficies unitarias de las viviendas, sobre la base de reestructurar el diseño de los bloques. Es decir, por ejemplo, donde existen seis departamentos por cada caja de escalera, examinar la factibilidad de reducirlos a solo tres o cuatro.
Así mismo, será inevitable la demolición de algunos bloques a fin de aumentar la existencia de espacios libres, generando zonas comunes destinadas al esparcimiento, juegos infantiles, áreas verdes y plazas, todo concebido y ejecutado con el mayor involucramiento de la población, fórmula indispensable para maximizar la ulterior preservación de estos mejoramientos.
Es un desafío que el MINVU debiera promocionar, mediante proyectos pilotos demostrativos. Las universidades también deben colaborar incorporando esta problemática en la malla curricular de las escuelas de arquitectura, sociología y otras carreras.
Esta línea de acción es un deber para un país en desarrollo como el nuestro. Es urgente salvar esta colosal inversión física y social, antes de que sea imposible.
Estoy seguro que es posible materializar esta sugerencia aparentemente utópica, si hay voluntad política. Enfoquemos en esa dirección nuestras preocupaciones urbanas, recuperando este universo miserable planificado solo con el incentivo del lucro.
Incorporemos en este territorio injustamente execrado, la belleza, el arte, el color, las flores y su perfume, la sustentabilidad.
¿Porqué no?
Nosotros arquitectos fuimos educados para crear un entorno digno en el cual el ser humano pueda desarrollar su vida, cualquiera que sea su condición social.
No abdiquemos de este supremo deber.
Miguel Lawner
Santiago, 26, 10, 2011.
